En no pocas ocasiones, nuestra labor como abogados laboralistas consiste en defender los intereses de las personas que representamos ante los atropellos cometidos por las autoridades estatales que no cumplen sus funciones. En este caso concreto, nos vimos obligados a interponer una acción constitucional en contra de una juez que se negaba a tomar las medidas necesarias para que se cumpliera un fallo de tutela que fue favorable a los intereses de una de nuestras clientes.

En un primer momento, el juzgado había ordenado a la reconocida AFP Colfondos que le pagara a nuestra cliente algunos auxilios de incapacidad que le adeudaba. Colfondos pagó una cantidad irrisoria, y ante esto, se le solicitó al despacho que tomara las medidas necesarias para que se pagara efectivamente todo lo adeudado.

Adoptando una conducta completamente arbitraria, la juez manifestó que la discusión acerca de cuánto debía pagarse no era de su competencia, a pesar de que precisamente la fuente de la obligación era un fallo proferido por ella.