Las relaciones laborales no son ajenas al delito. Infortunadamente, muchos de los empleados que se vinculan a una organización traicionan la confianza que en ellos se deposita, y cometen conductas descritas como delitos en el Código Penal Colombiano.

El hurto, la corrupción privada, la administración desleal, la falsedad documental o la violación de reserva industrial o comercial, son solo algunos de los delitos que suelen padecer las organizaciones empresariales, comúnmente cometidos por trabajadores del nivel directivo que ostentan u ostentaban facultades de disposición sobre los bienes de la empresa.

De igual forma, en muchas ocasiones los empleadores son acusados de cometer delitos en contra de sus empleados, como las lesiones personales culposas, actos de racismo, discriminación u hostigamiento, o la violación de derechos de reunión y asociación. 

Dada la importancia de los intereses jurídicos en juego en este tipo de comportamientos, el manejo adecuado de estas situaciones traspasa el ámbito del Derecho Laboral e incursiona en el campo del Derecho Penal.

Entendiendo esta necesidad, nuestra Firma ha celebrado una alianza estratégica con el reconocido penalista y exfiscal Dr. Carlos Alfonso Matiz Bulla, quien cuenta con todos los conocimientos y la experiencia necesaria para afrontar de la mejor manera estas situaciones y maximizar la protección de los intereses personales o corporativos de nuestros clientes.

Nuevas herramientas legales para la persecución del delito

Muchas veces las organizaciones víctimas de conductas punibles deciden no poner los hechos en conocimiento de las autoridades, pues no tienen la confianza suficiente acerca de la efectividad de la Fiscalía en la persecución del delito.

Sin embargo, recientemente fue expedida una nueva ley de enjuiciamiento penal en nuestro país (Ley 1826 de 2017), a través de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado, que permitirá la reducción de los tiempos procesales en la definición de la responsabilidad penal de una persona.

Con la mencionada reforma, no hay dudas de que vale la pena iniciar las acciones legales pertinentes en contra de aquellos empleados o exempleados que han cometido conductas delictuosas que han afectado el patrimonio económico u otros bienes jurídicos de las organizaciones empresariales. A través de estas acciones, nuestra firma buscará la imposición de las penas previstas en la ley para el responsable, y la reparación integral de los perjuicios que se hayan sufrido por la comisión del delito.

Pero además de la reducción de los tiempos procesales, la nueva reforma legal introdujo a nuestro país la figura del «acusador privado», en virtud de la cual YA NO ES NECESARIO DEPENDER DE LA FISCALÍA para el impulso de los procesos penales, pues para un gran conjunto de delitos, la víctima se encuentra habilitada para ser ella quien acuse al presunto autor del ilícito.

En palabras más simples, la víctima del delito puede contratar un abogado que actuará como fiscal, y será él el encargado de darle impulso al proceso y solicitar todas las medidas conducentes a la reparación de los perjuicios sufridos y la imposición de las sanciones establecidas en el Código Penal. Cabe resaltar que por obvias razones, lo recomendable es acudir a un profesional del Derecho con experiencia en la Fiscalía General de la Nación. 

No hay duda entonces de que ante este nuevo panorama normativo, vale la pena acudir a la justicia para obtener la reparación de los agravios sufridos por las conductas punibles cometidas por los empleados o exempleados. Para iniciar estas acciones, usted y su organización cuentan con el apoyo de Stare Decisis Abogados.